Sanidad y las comunidades aprueban el plan nacional de salud mental tras corregir los detalles técnicos que lo tumbaron

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este viernes el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, que estaba previsto para febrero, pero fue tumbado por los consejeros del PP después de que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) protestase por algunos detalles técnicos que ahora se han corregido.
La esencia ―y la práctica totalidad del texto― sigue igual: trata de consolidar un modelo asistencial que se apoye menos en fármacos y esté más centrado en la atención comunitaria y la integración de la salud mental en la sanidad general. Promueve la eliminación del estigma asociado a los trastornos psicológicos y se centra en los determinantes sociales: en cómo la mayoría de los problemas de salud mental vienen ocasionados por situaciones tales como el paro, la precariedad, la falta de acceso a la vivienda o las jornadas laborales excesivas, que hacen más mella entre las clases más humildes.
Uno de los cambios en el documento tiene que ver con la aspiración de cambiar un modelo que recurre con demasiada frecuencia a los psicofármacos para problemas cuya solución es más recomendable con psicoterapia u otras intervenciones. La redacción anterior abogaba por la deprescripción de este tipo de medicamentos en determinados casos, algo que la SEPSM censuró, ya que consideraba que podía ponerse en peligro y satanizarse para patologías mentales graves el uso de fármacos que son muy importantes para la estabilidad de los pacientes. El nuevo texto limita la deprescripción, cuando esté indicada, a hipnosedantes y antidepresivos, cuyo abuso en España está más que constatado por diversos estudios. También especifica que se implementarán programas de formación en “uso adecuado” de psicofármacos, en lugar del “uso racional” que mencionaba en la anterior propuesta.
La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que este consumo es preocupante, sobre todo entre los más jóvenes, entre quienes el consumo ha llegado a duplicarse: “Vivimos en época que todo el mundo habla con una naturalidad pasmosa de un Trankimazin o un Lorazepam [nombres comerciales de dos ansiolíticos]”. La guia de prescripción que acompaña al plan quiere poner coto a estos fármacos que “pueden ser una herramienta útil” bien usados, pero “no pueden ser la respuesta a todos los malestares”, en palabras de García.
La ministra ha celebrado el consenso de las autonomías de distinto signo para sacar adelante este plan. “En un momento de polarización, cuando hablamos de lo que de verdad importa, nos ponemos de acuerdo. Estamos ante el plan de salud mental más ambicioso que hemos tenido; responde a los malestares de nuestra época, pone en el centro a las personas más vulnerables y moviliza a tanto a los sanitarios como a la sociedad para reducir el sufrimiento y garantizar el derecho a que la vida no duela”, ha dicho tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha celebrado este viernes en Toledo.
Otro de los puntos de fricción tenía que ver con aumentar el número de sanitarios que se especializan en el MIR. El Ministerio de Sanidad no tiene capacidad para crear las plazas de formación. Son las comunidades las que pueden acreditarlas por medio de las facultades y los hospitales. Y luego es Sanidad el departamento responsable de ofertar estos puestos cada año en las convocatorias de médicos, psicólogos o enfermeras internas residentes (MIR, PIR EIR). Uno de los objetivos del plan era aumentar las plazas, y se marcaba el objetivo de ofertar, al menos, el 90% de las acreditadas. Pero la realidad era que ya se estaban ofreciendo el 99%, por lo que en el nuevo texto el porcentaje se eleva al 100%.
El texto aborda la necesidad de aumentar el número de profesionales en salud mental, mejorar sus condiciones laborales, garantizar su disponibilidad y retener el talento. Para ello, se contemplan acciones como planificar la oferta de profesionales, impulsar el acceso a la psicoterapia y promover el reconocimiento de la especialidad en Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia.
Presupuesto
Las comunidades del PP también afeaban al plan, que ya había sido aprobado por sus propios técnicos, la falta de una memoria económica. Es algo infrecuente que este tipo de planes la incluyan, pero Sanidad se ha comprometido a destinar 39 millones de euros para ponerlo en marcha que “ya se están tramitando”, según ha señalado García, que ha asegurado que ese importe se suma a los que se han destinado en dos ejercicios anteriores para sumar 101 millones de euros.
Más allá de los cambios que exigía la SEPSM, otras sociedades se habían manifestado a favor del documento, que recibió el espaldarazo de la Asociación Española de Psicólogos Clínicos (ANPIR) o de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, entre otras. “Este plan representa un avance esencial en la protección de la salud mental y en la modernización del modelo asistencial. No aprobarlo sería un retroceso injustificable”, sentenció esta última en un comunicado tras la votación contraria de febrero.
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